Àngels Martínez i Castells
Revista Pueblos
En los embates de esta crisis económica cuyo alcance real todavía queda mucho por descubrir, los poderosos, aliados con algunas autoridades responsables de políticas concretas (entre ellas las de salud), están superando todas las formas al uso para utilizar la crisis en su provecho, cargando los costes del ajuste sobre las personas con menores recursos, más desprotegidas, con menor poder de negociación…
Por ejemplo, aunque de hecho se trata de un impuesto o tasa sobre la enfermedad, el intento de introducir nuevas aportaciones de las personas enfermas para financiar el servicio público de salud se ha ido recrudeciendo en la misma medida que se afianzaban las propuestas neoliberales para hacer frente (o beneficiarse) de la crisis económica, poniendo al descubierto que los servicios públicos, y en concreto la sanidad y la enseñanza, se han constituido en un auténtico botín que va más allá de los cruentos ataques por una redistribución regresiva de la renta.
La ya cansina discusión sobre el copago [1] encubre de hecho una privatización de los servicios públicos de sanidad y un "adelgazamiento" de la responsabilidad pública en un tema clave para la equidad y la disminución de desigualdades. Tiene lugar, además, cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está hablando de todo lo contrario, de "incluir la salud en todas las políticas" dándole un papel de primer orden en la agenda de lo público. En la propia OMS se encuentra abundante bibliografía que denuncia la amenaza que para la equidad suponen medidas de ese tipo. Los "ahorros" sociales que puede suponer el hecho de que realmente desincentive algunas visitas no del todo necesarias no compensan en manera alguna el riesgo personal y social en que se incurre por la barrera clasista y económica que el copago representa (Camprubí, 2010) [2]. La documentación contrastada y la evidencia científica demuestran que, en sus distintas fórmulas, el copago reduce siempre, sin discriminar, tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, afectando a la salud en general y a la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.
En este sentido, la OMS debería recuperar su independencia, imponiendo sus criterios en todos los temas relacionados con la salud a las demás organizaciones internacionales que aplastan a la inmensa mayoría de la población bajo el dictado de las patentes y el supuesto "librecomercio" (OMC) o las finanzas (Fondo Monetario Internacional, FMI).
Justificaciones que sonrojan
En España, además, esta discusión aparece día sí y otro también en los medios de comunicación, siempre desde una supuesta "imparcialidad" que acaba por propugnar de forma injustificada la necesidad del "copago". Durante los último meses, para mayor sonrojo, este tema aparece acompañado del decreto de congelación de pensiones, disminución de salarios y plantillas del funcionariado.
Toda una amplia ofensiva, que en la Unión Europea abarca diferentes frentes y modalidades, y con los que se pretende acabar con los últimos vestigios de un pacto social europeo surgido de la II Guerra Mundial en una correlación de fuerzas que se olvida demasiado a menudo y que se suplanta por un "modo de vida americano" (que no es otra cosa que el "modo de explotación" americano, con derechos sólo para los ricos, y salud para quien se la puede pagar). No debe olvidarse que la crisis se usa también, de manera oportunista, no sólo para incrementar en mayor grado la regresiva redistribución de la renta entre los factores de producción (trabajo y capital), sino para debilitar también las resistencias sindicales y las defensas de las organizaciones sociales.
En ese sentido, todo ataque al sistema público de salud, y la propuesta del copago en particular, es especialmente lesiva para mujeres y las personas inmigrantes. Por un lado, supone confiar los "flecos" del ajuste en lo cotidiano a la aparentemente infinita capacidad de asumir trabajos y tensiones de las mujeres (lo cual se está demostrando que ya está llegando a un límite) y, por otro, porque, tal como se plantea por parte de los sectores más reaccionarios de la población, la disputa social por unos servicios públicos que se hacen más escasos por la crisis despierta y da aliento a una xenofobia que puede causar graves problemas de convivencia, en especial en las comunidades con menores recursos.
Pero no acaba aquí el campo donde el copago vierte su cizaña y pretende crear enemigos inexistentes: también las personas jubiladas y las que padecen enfermedades crónicas son objetivo de las falsas críticas y "rencores" entre personas usuarias, ayudando a escudar y eludir responsabilidades a la todopoderosa industria farmacéutica y a la administración pública, que no se atreve a hacerle frente.
El copago supone, por tanto, todo un despliegue de prepotencia con las personas más débiles bajo el supuesto amparo de argumentos "técnicos", y con la involuntaria complicidad de una parte de las personas usuarias del sistema que sufren las amenazas de insostenibilidad, listas de espera abusivas… También influye la postura de parte del personal médico, absolutamente desbordado de trabajo, que se apunta a esa falsa solución como "mal menor", cuando su carga excesiva de trabajo se debe a la falta crónica de profesionales y es responsabilidad de la Administración, no de los pacientes.
Asumir derechos
La única manera de resolver con equidad el mayor gasto sanitario consiste en asumir (por derecho humano y de ciudadanía) que todas las personas que residen en un país deben tener pleno derecho a la atención sanitaria, al margen de su legalización formal. Para ello, el Ministerio de Sanidad y las autoridades autonómicas correspondientes deben disponer en los Presupuestos partidas suficientes mediante un sistema fiscal realmente redistributivo. España está todavía muy por debajo del gasto sanitario medio de los países de la UE y es absurdo hablar de copagos (que de hecho significan "repagos") cuando desde los Presupuestos queda mucho trecho todavía para alcanzar la media europea. Todo ello, sin hablar de la racionalización del gasto, contención de las transferencias al sector privado, etc.)
Por el lado del gasto, la experiencia nos demuestra que las privatizaciones en la salud, los conciertos con el sector privado, la entrega al sector farmacéutico, la no existencia o deficiencias en investigación y formación desde el sector público, encarecen de manera desmesurada e incontrolada el gasto sanitario, al tiempo que son responsables de una peor atención sanitaria que llega, en muchos casos, a suponer graves riesgos para la salud de las personas atendidas. En atenciones a la salud toda intervención necesaria que se demore o se haga de forma incorrecta acabará pasando factura, irremisible y a veces irreversiblemente, tanto en términos de salud como económicos y sociales.
Àngels Martínez i Castells es doctora en Ciencias Económicas. Ha publicado textos sobre economía, feminismo y democracia, y durante 30 años ha sido profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Es también portavoz de Dempeus per la Salut Pública (http://dempeus.nireblog.com).
Este artículo ha sido publicado en el nº 44 de la Revista Pueblos, septiembre de 2010.
Notas:
[1] El copago es una medida que representa un nuevo impuesto o tasa, con el pretexto de contribuir a reducir el déficit de la sanidad y “moderar su demanda”. Se barajan distintas modalidades posibles: visita al médico de cabecera, atención en urgencias, un incremento de lo que ya constituye copago por medicamentos... Ver: angelsmcastells.nireblog.com
[2] Camprubí, LL: "Privatización, copago y equidad". Universitat Pompeu Fabra, 2010.
Más información:
Campaña estatal de recogida de firmas y movilizaciones contra el copago: www.casmadrid.org
