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Las prohibiciones de cultivos transgénicos propuestas por la U.E pueden ser ilegales



15 de noviembre de 2010

Los esfuerzos de la Unión Europea para dar poder a los Estados sobre los cultivos biotecnológicos se han topado con serios problemas legales. Esto podría terminar dando más poder a las empresas de ingeniería genética, aprobándose más productos, y eso a pesar de la oposición de la opinión pública. La Comisión Europea propuso varias modificaciones legislativas en el mes de julio para permitir que cada Estado pudiera tomar decisiones sobre los cultivos modificados genéticamente (OGM), en un intento de acabar con la situación de estancamiento sobre la aprobación de los productos modificados genéticamente. Pero como la Comisión había descartado motivos económicos, ambientales o de salud para la prohibición de los OGM, la única opción que les queda a los Estados son razones éticas. Sin embargo, los servicios jurídicos de la UE opinan que las razones éticas no son suficientes para presentarlas antes los tribunales europeos o en la Organización Mundial de Comercio.


Reuters
: los expertos en materia jurídica de la UE dicen que los planes para que los Estados miembros puedan decidir por sí mismos para permitir o prohibir los organismos modificados genéticamente están en contra de la normativa del comercio mundial.

La Comisión Europea presentó propuestas legales el pasado mes de julio para que los gobiernos pudieran tomar decisiones sobre estos polémicos cultivos, en un intento de salir del estancamiento que desde hace mucho tiempo se da en la UE sobre estos organismos. Sin embargo, el nuevo dictamen del Consejo de la UE dice: “ En el intento de asentar un golpe mortal, varios gobiernos de la UE han expresado sus temores de que el proyecto de ley incumpla lo recogido por la Organización Mundial del Comercio (OMC)…


Una de las principales preocupaciones planteadas por los juristas es la forma en que los gobiernos van a justificar que se prohíban tales cultivos, una vez que la Comisión haya descartado criterios ambientales o problemas para la salud.

“Los argumentos económicos no se pueden contemplar… por lo que únicamente se podían expresar razones éticas”, dijeron los funcionarios de la UE. Pero los argumentos éticos es poco improbable que sean aceptados por la OMC o por los tribunales europeos para su prohibición…cuando ya se está alimentado a los animales con productos transgénicos importados, lo que socava el argumento, señala el dictamen.

Como resultado, las prohibiciones por parte de los Estados de los cultivos transgénicos sobre criterios éticos corren el riesgo de ser rechazados por los tribunales o impugnados por la OMC.

Vigilancia de los OGM

1. Informe crítico de los servicios jurídicos del Consejo de la UE sobre el intento de la Comisión de la UE para prohibir los cultivos OGM
2. Cambio de planes de la UE sobre los cultivos biotecnológicos.

NOTA: El Comisario de Sanidad, John Dalli, ha llevado a la Comisión el Plan de la UE para permitir que los Estados miembros puedan prohibir el cultivo de cosechas OGM, a cambio de que se permita una rápida aprobación a nivel central de la UE. Es una propuesta que cuenta con la oposición de muchos grupos anti OGM, que advierten que los Estados miembros que decidan aplicar las prohibiciones a nivel nacional podrían vulnerar principios legales. Ahora un informe del Servicio Jurídico del Consejo de Ministros de la UE apoya a los grupos que se oponen a su cultivo, diciendo que la propuesta de Dalli no se sostiene en pie legalmente.

Informe crítico de los Servicios Jurídicos de la Comisión de la ME, sobre la propuesta de la UE en torno a la prohibición de los OGM

Amsterdam / Bruselas, 11 de noviembre 2010 Comunicado de prensa por la GIV-VU: Instituto de Estudios Ambientales, Vrije Universiteit, Amsterdam)

La propuesta de la Comisión de la UE para permitir que los Estados miembros prohíban o restrinjan la agricultura de los OGM en su territorio nacional no tiene una base válida legal y deja serias dudas sobre la compatibilidad con las leyes comerciales de la UE y la OMC, sobre las restricciones nacionales a los cultivos transgénicos que la UE ha autorizado.

Estas son las conclusiones de un informe de evaluación jurídica del Consejo de Ministros, y que se presentará en breve a los Estados miembros. El informe confirma las críticas jurídicas planteadas en los últimos meses por varios expertos en derecho de la UE, incluido el especialista en Derecho biotecnológico Thijs Etty, del Instituto de Estudios Ambientales (IVM) de la Universidad VU de Ámsterdam, que en la actualidad sirve como experto legal en biotecnología para el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), un órgano consultivo de la UE.

En respuesta a la solicitud de los medios para que comentase el contenido y las implicaciones de la conclusiones del informe legal, el señor Etty dijo: “ Es un duro golpe en los intentos de la Comisión Europea. Como se indica en el tratado, la primera tarea es salvaguardar el funcionamiento del mercado interno de la Unión Europea y las leyes aprobadas. En cambio, el fundamento jurídico es defectuoso y perjudica el mercado interno”.

Se espera que el impacto del informe legal sea significativo. Hasta ahora, la Comisión había rechazado las críticas y el escepticismo sobre la solidez legal de su propuesta, apoyado por los Estados miembros, organizaciones no gubernamentales, industria y ámbito académico.

Sin embargo, el sr. Etty señaló: “ Ahora los propios abogados de la UE han confirmado mi temprana crítica, de modo que la propuesta de la Comisión no permite a los Estados miembros una salida viable a las prohibiciones basadas en motivos éticos, como si de preocupaciones religiosas se tratase. Tanto los Tribunales de la UE como de la OMC, no suelen admitir tales argumentos, a menos que los países proporcionen pruebas que justifiquen sus restricciones comerciales.”

Los países de la UE decidirán en las próximas semanas si han de votar por la propuesta, aceptarla tal como está, o presionar a la Comisión para modificar su texto. La cumbre Ministerial de Medio Ambiente y Agricultura y las reuniones del Consejo en octubre ya fueron muy escépticas respecto de estos planes. Pero, como explica el Sr. Etty: “los Estados miembros se ven atrapados entre la espada y la pared – si aceptan la propuesta tal como está, las prohibiciones serán extremadamente vulnerables a las acciones legales por las empresas de biotecnología, los agricultores de OGM, los socios del comercio mundial, o incluso la propia Comisión de la UE; si rechazan la propuesta en conjunto, la Comisión tendrá libertad para controlar y autorizar una plétora de nuevos cultivos transgénicos para el cultivo”.

Sin embargo, “De hecho, en un artículo publicado en el The New York Times e International Herald Tribune, Etty predice:” Con muchos cultivos listos , o casi listos, para su aprobación definitiva, podríamos tener una avalancha sin precedentes de nuevas variedades de cultivos transgénicos en Europa en los próximos dos años. “Si esto sucede,” la posición única de Europa como la mayor zona libre de transgénicos del mundo tendría su fin “, añade el Sr. Etty.



*** El sr. Mr. Thijs F.M. Etty, LL.M. es investigador en el Instituto de Estudios Ambientales (IVM), y profesor adjunto de Derecho de la UE en Delincuencia del Departamento de Estudios Jurídicos, Facultad de Derecho de la Universidad VU de Amsterdam. Con una formación en Derecho europeo e internacional, se especializa en la UE y las leyes ambientales transnacionales y la biotecnología y la regulación de los alimentos. Actualmente desempeña la labor como experto legal en el ámbito de la biotecnología para el Consejo Económico y Social Europeo (CESE), un órgano consultivo de la UE.

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http://foodfreedom.wordpress.com/2010/11/15/eu-commissions-proposed-national-gm-crop-bans-may-be-legally-invalid/

Menos equidad en salud: la amenaza del “co-repago”



Àngels Martínez i Castells
Revista Pueblos

En los embates de esta crisis económica cuyo alcance real todavía queda mucho por descubrir, los poderosos, aliados con algunas autoridades responsables de políticas concretas (entre ellas las de salud), están superando todas las formas al uso para utilizar la crisis en su provecho, cargando los costes del ajuste sobre las personas con menores recursos, más desprotegidas, con menor poder de negociación…

Por ejemplo, aunque de hecho se trata de un impuesto o tasa sobre la enfermedad, el intento de introducir nuevas aportaciones de las personas enfermas para financiar el servicio público de salud se ha ido recrudeciendo en la misma medida que se afianzaban las propuestas neoliberales para hacer frente (o beneficiarse) de la crisis económica, poniendo al descubierto que los servicios públicos, y en concreto la sanidad y la enseñanza, se han constituido en un auténtico botín que va más allá de los cruentos ataques por una redistribución regresiva de la renta.

La ya cansina discusión sobre el copago [1] encubre de hecho una privatización de los servicios públicos de sanidad y un "adelgazamiento" de la responsabilidad pública en un tema clave para la equidad y la disminución de desigualdades. Tiene lugar, además, cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está hablando de todo lo contrario, de "incluir la salud en todas las políticas" dándole un papel de primer orden en la agenda de lo público. En la propia OMS se encuentra abundante bibliografía que denuncia la amenaza que para la equidad suponen medidas de ese tipo. Los "ahorros" sociales que puede suponer el hecho de que realmente desincentive algunas visitas no del todo necesarias no compensan en manera alguna el riesgo personal y social en que se incurre por la barrera clasista y económica que el copago representa (Camprubí, 2010) [2]. La documentación contrastada y la evidencia científica demuestran que, en sus distintas fórmulas, el copago reduce siempre, sin discriminar, tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, afectando a la salud en general y a la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

En este sentido, la OMS debería recuperar su independencia, imponiendo sus criterios en todos los temas relacionados con la salud a las demás organizaciones internacionales que aplastan a la inmensa mayoría de la población bajo el dictado de las patentes y el supuesto "librecomercio" (OMC) o las finanzas (Fondo Monetario Internacional, FMI).

Justificaciones que sonrojan

En España, además, esta discusión aparece día sí y otro también en los medios de comunicación, siempre desde una supuesta "imparcialidad" que acaba por propugnar de forma injustificada la necesidad del "copago". Durante los último meses, para mayor sonrojo, este tema aparece acompañado del decreto de congelación de pensiones, disminución de salarios y plantillas del funcionariado.

Toda una amplia ofensiva, que en la Unión Europea abarca diferentes frentes y modalidades, y con los que se pretende acabar con los últimos vestigios de un pacto social europeo surgido de la II Guerra Mundial en una correlación de fuerzas que se olvida demasiado a menudo y que se suplanta por un "modo de vida americano" (que no es otra cosa que el "modo de explotación" americano, con derechos sólo para los ricos, y salud para quien se la puede pagar). No debe olvidarse que la crisis se usa también, de manera oportunista, no sólo para incrementar en mayor grado la regresiva redistribución de la renta entre los factores de producción (trabajo y capital), sino para debilitar también las resistencias sindicales y las defensas de las organizaciones sociales.

En ese sentido, todo ataque al sistema público de salud, y la propuesta del copago en particular, es especialmente lesiva para mujeres y las personas inmigrantes. Por un lado, supone confiar los "flecos" del ajuste en lo cotidiano a la aparentemente infinita capacidad de asumir trabajos y tensiones de las mujeres (lo cual se está demostrando que ya está llegando a un límite) y, por otro, porque, tal como se plantea por parte de los sectores más reaccionarios de la población, la disputa social por unos servicios públicos que se hacen más escasos por la crisis despierta y da aliento a una xenofobia que puede causar graves problemas de convivencia, en especial en las comunidades con menores recursos.

Pero no acaba aquí el campo donde el copago vierte su cizaña y pretende crear enemigos inexistentes: también las personas jubiladas y las que padecen enfermedades crónicas son objetivo de las falsas críticas y "rencores" entre personas usuarias, ayudando a escudar y eludir responsabilidades a la todopoderosa industria farmacéutica y a la administración pública, que no se atreve a hacerle frente.

El copago supone, por tanto, todo un despliegue de prepotencia con las personas más débiles bajo el supuesto amparo de argumentos "técnicos", y con la involuntaria complicidad de una parte de las personas usuarias del sistema que sufren las amenazas de insostenibilidad, listas de espera abusivas… También influye la postura de parte del personal médico, absolutamente desbordado de trabajo, que se apunta a esa falsa solución como "mal menor", cuando su carga excesiva de trabajo se debe a la falta crónica de profesionales y es responsabilidad de la Administración, no de los pacientes.

Asumir derechos

La única manera de resolver con equidad el mayor gasto sanitario consiste en asumir (por derecho humano y de ciudadanía) que todas las personas que residen en un país deben tener pleno derecho a la atención sanitaria, al margen de su legalización formal. Para ello, el Ministerio de Sanidad y las autoridades autonómicas correspondientes deben disponer en los Presupuestos partidas suficientes mediante un sistema fiscal realmente redistributivo. España está todavía muy por debajo del gasto sanitario medio de los países de la UE y es absurdo hablar de copagos (que de hecho significan "repagos") cuando desde los Presupuestos queda mucho trecho todavía para alcanzar la media europea. Todo ello, sin hablar de la racionalización del gasto, contención de las transferencias al sector privado, etc.)

Por el lado del gasto, la experiencia nos demuestra que las privatizaciones en la salud, los conciertos con el sector privado, la entrega al sector farmacéutico, la no existencia o deficiencias en investigación y formación desde el sector público, encarecen de manera desmesurada e incontrolada el gasto sanitario, al tiempo que son responsables de una peor atención sanitaria que llega, en muchos casos, a suponer graves riesgos para la salud de las personas atendidas. En atenciones a la salud toda intervención necesaria que se demore o se haga de forma incorrecta acabará pasando factura, irremisible y a veces irreversiblemente, tanto en términos de salud como económicos y sociales.
Àngels Martínez i Castells es doctora en Ciencias Económicas. Ha publicado textos sobre economía, feminismo y democracia, y durante 30 años ha sido profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Es también portavoz de Dempeus per la Salut Pública (http://dempeus.nireblog.com).

Este artículo ha sido publicado en el nº 44 de la Revista Pueblos, septiembre de 2010.

Notas:

[1] El copago es una medida que representa un nuevo impuesto o tasa, con el pretexto de contribuir a reducir el déficit de la sanidad y “moderar su demanda”. Se barajan distintas modalidades posibles: visita al médico de cabecera, atención en urgencias, un incremento de lo que ya constituye copago por medicamentos... Ver: angelsmcastells.nireblog.com

[2] Camprubí, LL: "Privatización, copago y equidad". Universitat Pompeu Fabra, 2010.

Más información:

Campaña estatal de recogida de firmas y movilizaciones contra el copago: www.casmadrid.org