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Pacientes tratados con la vacuna de la gripe A sufrieron narcolepsia


¿Recuerdan?

La Organización Mundial de la Salud ha informado que al menos 12 países han registrado estos casos en niños y adolescentes

EFE GINEBRA 08/02/2011

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este martes que al menos 12 países registraron casos de narcolepsia en niños y adolescentes que previamente habían sido vacunados contra la gripe A.

El Comité Consultivo Mundial de la Seguridad de Vacunas de la OMS publicó un comunicado en el que especifica que "desde agosto de 2010, y tras masivas vacunaciones contra el virus de la gripe H1N1 en 2009, se detectaron casos de narcolepsia en niños y adolescentes en al menos 12 países".

No obstante, el grupo señaló que hace falta "más investigación", para determinar la relación exacta entre los casos de narcolepsia y la vacunación contra la gripe, sea con la vacuna Pandemrix o con otra.

La semana pasada, la OMS anunció que investigaba un aumento de casos de narcolepsia en Finlandia que podría tener relación con la vacuna Pandemrix del fabricante Glaxo, dado que todos los afectados parecían haber sido inmunizados con el mismo producto. El Gobierno de Finlandia había informado de casos de narcolepsia entre vacunados contra la gripe A de entre 4 y 19 años.

En Helsinki, el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL) publicó un estudio según el cual la vacuna contra la gripe AH1N1 Pandemrix, fabricada por la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline, multiplica el riesgo de contraer narcolepsia infantil.

Según ese estudio, entre 2009 y 2010 se diagnosticaron 60 casos de narcolepsia en niños y adolescentes finlandeses de entre 4 y 19 años, de los cuales 52 (casi el 90 por ciento) habían sido vacunados con Pandemrix.

El fenómeno llevó a las autoridades sanitarias finlandesas a interrumpir el uso de esta vacuna de forma preventiva hasta determinar sus posibles efectos secundarios.

La narcolepsia es un estado patológico que produce en el afectado accesos irresistibles de sueño en cualquier momento.

La OMS ha donado 36 millones de dosis de la vacuna Pandemrix a 18 países en desarrollo, tres de ellos latinoamericanos, pero hasta el momento no se han tenido noticias de que se hayan dado casos de narcolepsia.

La lista de países que recibieron Pandemrix es la siguiente: Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Cuba, Corea del Norte, El Salvador, Etiopía, Ghana, Namibia, Filipinas, Tayikistán, Togo, Ruanda, Kenia, Mongolia y Senegal.

El informe completo y definitivo sobre la relación entre la narcolepsia y esta vacuna se difundirá el 31 de agosto próximo.

http://www.publico.es/ciencias/360254/pacientes-tratados-con-la-vacuna-de-la-gripe-a-sufrieron-narcolepsia


¿Y quién vigila a las farmacéuticas?




Guzmán Sánchez
Periodismo Humano


En artículos anteriores hemos repasado las características de la industria farmacéutica en la sociedad actual, cómo se relaciona con los médicos y el fenómeno cada vez más común de la promoción de enfermedades.

[Puedes leer la serie de reportajes realizados por Periodismo Humano sobre las farmacéuticas en: Farmacéuticas: razones para el escepticismo]

Si las farmacéuticas actúan en ocasiones de forma abusiva, como comenta Marcia Angell, profesora de Salud Pública de la Universidad de Harvard, es porque nadie se lo impide. A estas alturas de la película nadie se sorprenderá del legítimo afán de maximizar beneficios que tiene cualquier empresa, ya sea farmacéutica o de otro tipo. Por tanto, en este negocio especialmente delicado, la regulación por parte de administraciones, estados y agencias internacionales adquiere un carácter imperativo.

Agencias reguladoras

La aprobación y supervisión de medicamentos corre a cargo, mayoritariamente, de la Agencia Europea del Medicamento (EMEA) y de la Food and Drug Administration (FDA) americana . Se calcula que estas agencias reciben de la industria farmacéutica en torno a un 70% de sus fondos en concepto de tasas, lo cual plantea dudas sobre su capacidad para actuar de manera independiente (1). Es también significativo que la EMEA forma parte de la Comisión de Empresa e Industria de la Unión Europea cuando lo esperable sería que perteneciera a la de Sanidad y Consumidores. Estos organismos son la última barrera, y por tanto la más exigente, que deben superar los fármacos antes de ser distribuidos al general de la población. Lamentablemente, hay casos en los que la actuación de las agencias ha puesto en entredicho su función.
Uno de los ejemplos más significativos de fármacos tóxicos es el de Vioxx (Rolecoxib), de la compañía Merck, que fue retirado en 2004 tras haber causado hasta 139.000 afecciones cardíacas durante sus 5 años de comercialización como tratamiento para la artritis. El analgésico Vioxx salió al mercado en 1999 como un fármaco estrella por ser la alternativa a los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), que causan hemorragias intestinales, y se acabó convirtiendo en uno de los mayores escándalos públicos en Estados Unidos. La alarma fue levantada por David Graham, director asociado de la Oficina de seguridad farmacéutica de la FDA, que compareció ante el senado americano para hacer públicos unos estudios realizados dentro de la propia agencia en los que mostraba un aumento de riesgo cardiovascular relacionado con Vioxx.

Merck, tras cruces de acusaciones y una negación de lo evidente que duró un año, se vio obligada a retirar el medicamento y a pagar 4.850 millones de dólares en compensaciones a los afectados. Todavía en la actualidad siguen saliendo a la luz datos del escándalo. Recientemente un artículo que analiza exhaustivamente los ensayos clínicos de Vioxx apunta que Merck, y por extensión la FDA, ya conocían del riesgo asociado al medicamento antes incluso de su salida al mercado en 1999(2).

En 2002, unos años antes del revuelo mundial, Joan Ramón Laporte, catedrático de farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, ya había señalado en una publicación médica los peligros de usar inhibidores de la enzima COX-2 como Vioxx (3), a lo cual respondió Merck con una querella por escribir “falsedades” que dañaban su imagen y exigiendo una rectificación. Un movimiento bastante común de la industria, con su tendencia a “transferir al mundo judicial las disputas científicas” como comenta el médico Juan Gérvas en su artículo “Merk contra Laporte ó el derecho recíproco de réplica” (4). No solo las evidencias darían la razón a Laporte sino que el juicio se resolvió a su favor, sentando un precedente en la lucha por la información independiente sobre medicamentos y terapéutica.

Recientemente se ha cerrado otro caso de toxicidad, el de Avandia, un medicamento empleado en el tratamiento de la diabetes. El escándalo se destapó en 2007 cuando Steve Nissen, miembro prominente de New England Journal of Medicine, publicó un artículo en el que sugería que Avandia, producida por GlaxoSmithKline (GSK), aumentaba el riesgo de sufrir infarto de miocardio. El medicamento, que hasta entonces era de los más vendidos en el mundo (sólo en 2006 las ventas ascendieron a 2.250 millones de euros) se desplomó en el mercado tras las evidencias. Sin embargo, las agencias reguladoras permitieron que el fármaco se siguiera recetando a pesar de disponer de datos preocupantes: según unos documentos confidenciales filtrados al New York Times, la FDA estimaba que se podrían haber evitado hasta 700 crisis cardíacas cada mes de haberse suspendido el tratamiento, un riesgo que la compañía conocía desde 1999. El propio senado de los EEUU configuró una comisión para estudiar el caso, cuyas conclusiones, muy críticas con GSK, consideraban que la compañía había “fallado a los pacientes” por no advertir de los riesgos (no especificados en el prospecto) y además había “tratado de intimidar a médicos independientes”. Hace unas semanas, tres años después de las primeras alarmas, el fármaco ha sido retirado en Europa mientras que en Estados Unidos su uso ha quedado restringido a casos extremos.

Los casos de toxicidad suelen ir asociados de un intenso debate en la comunidad científica. En abril del pasado año se publicó un análisis de más de 200 artículos científicos que trataban específicamente sobre Avandia y el riesgo cardiovascular (6). El estudio encontró que el 94% de los autores que se expresaban positivamente acerca de Avandia tenían lazos económicos con compañías farmacéuticas relacionadas con diabetes y el 87% específicamente con GSK, productora de Avandia.

Sorprendentemente, de los 29 artículos que recomendaban el cambio al fármaco rival Actos, de Lilly, 25 tenían relaciones comerciales con esta compañía. Los autores del estudio se preguntan: “en medio de la controversia por Avandia, pacientes y médicos se ven expuestos a todo tipo de argumentos. ¿Cómo es posible que el análisis de los mismos resultados lleve a adoptar posiciones tan pasionales y disparatadamente enfrentadas? Nosotros tratamos de determinar si los conflictos de interés económicos con la industria farmacéutica podría estar avivando el fuego. Según los resultados, parece que la respuesta es afirmativa.” La cobertura del artículo por el diario británico The Independent fue bastante extensa, llevando la noticia a portada. Sin embargo, al día siguiente de su publicación el artículo desapareció de la red durante las semanas siguientes y cuando volvió a estar disponible, apareció acompañado de una nota en la que aclaraba que en su artículo no trataba de acusar a GSK de estar manipulando a la comunidad científica y que estaban “contentos de afirmar que la compañía está muy comprometida con la transparencia”. GSK es una de las mayores empresas farmaceúticas del mundo y tiene su base en el Reino Unido, al igual que el periódico The Independent.

Los casos de Avandia y especialmente de Vioxx han dejado en evidencia a las agencias reguladoras por reaccionar con demasiada lentitud ante las alarmas de toxicidad, fracasando en el seguimiento postventa de medicamentos. Un editorial publicado hace unos años en The Lancet critica la inoperancia de la FDA que, “según está configurada, ve a la industria farmacéutica como a un cliente – una fuente vital de financiación para sus actividades – y no como un sector que necesita ser fuertemente regulado”(5).
Organización Mundial de la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un organismo dependiente de la ONU para la coordinación de acciones sanitarias. Recientemente la imagen pública de la OMS ha sufrido un notable deterioro tras la gestión del caso de la gripe A. En enero de este año, el presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg, acusaba a la organización de haber cedido a las presiones de la industria farmacéutica en la declaración de pandemia por Gripe A. Además el Consejo de Europa aprobó por unanimidad una resolución en la que “deplora seriamente” la reticencia de la OMS a compartir datos de la gestión de la gripe A y critica la actitud “altamente defensiva” y la falta de transparencia de la organización. El efecto de estas sospechas se hace patente en una encuesta publicada por Scientific American en octubre: sólo un 31% de los europeos considera fiable la opinión de los científicos sobre la pandemia.

En medio de todo este revuelo la OMS aún defiende que sus asesores puedan ser parcialmente financiados por las empresas farmacéuticas. Un artículo y un pequeño documental publicados en BMJ el pasado mes de junio estudia la aprobación de un famoso informe de la OMS en el que se recomendaba a los estados la adquisición masiva de antivirales para la prevención de posibles pandemias por gripe. Siguiendo las pautas de este documento publicado en 2004, estados de todo el mundo adquirieron millones de dosis de antivirales como Tamiflu (Roche) ó Relenza, fármaco rival de GSK, cuyas ventas se han disparado desde entonces.

El artículo, firmado por BMJ y The Bureau of Investigative Journalism, desvela que tres eminentes científicos en cuya opinión se basó la recomendación de la OMS tenían relevantes lazos económicos con la industria. Frederick Hayden, de la Universidad de Virginia (EEUU), había ejercido de consultor y conferenciante especializado para Roche, además de recibir fondos para proyectos científicos de la misma compañía. Karl Nicholson, de la Universidad de Leicester (Reino Unido), no solo era consultor de Roche y GSK, a la que aconsejó en la fabricación de Relenza, sino que aparecía como experto autorizado en los primeros panfletos publicitarios de Tamiflu. Arnold Monto, de la Universidad de Michigan (EEUU), también declaraba sus lazos con farmaceúticas, Roche entre otras. A pesar de conocer estos datos, la OMS decidió no hacerlos públicos. A día de hoy, la organización se sigue resistiendo a hacer públicas las declaraciones de conflictos de interés que debieron haber firmado los expertos. Sir Iain Chalmers, reputado médico inglés, expresa su preocupación en el vídeo de BMJ: “Como paciente, si no conozco los intereses que influyeron las recomendaciones de la OMS no sirve de nada que lo sepa Margaret Chan [directora de la OMS]. Soy yo el que debe disponer de la información, como cliente de sus productos”.

Gobiernos y farmacéuticas

Los encuentros y desencuentros de la industria no acaban con las agencias o la OMS. También los estados han tratado de actuar en ocasiones contra determinados abusos. El gobierno francés se enfrentó a Pfizer en 2002 por los precios abusivos de determinados medicamentos, lo que desencadenó una disputa que acabó con la amenaza del gigante farmacéutico de abandonar el país. El gobierno francés se tuvo que retractar (7), lo que da una idea del inmenso poder de las corporaciones.
Un final algo distinto tuvo la demanda presentada por el gobierno nigeriano contra, otra vez, Pfizer. En medio de la crisis médica por meningitis que sufrió el país africano en 1996, la farmacéutica organizó unos ensayos clínicos ilegales al lado del centro médico gestionado por Médicos sin Fronteras, y captaron a 200 niños bajo la promesa de que los curarían. El resultado fue que 11 niños murieron y muchos más sufrieron efectos secundarios muy graves como lesiones cerebrales. En cuestión de dos semanas no había rastro de los trabajadores de Pfizer en el país. Trece años después de lo sucedido, en 2009, el gobierno nigeriano y la compañía llegaron a un acuerdo extrajudicial para indemnizar a las familias. Sin responsabilidades penales. Esta historia inspiró a John LeCarre a escribir la novela El Jardinero Fiel. Conclusiones La desprotección de la ciudadanía frente al poder de la industria es un fenómeno generalizado que ha sido denunciado desde las más diversas plataformas. Una comisión de expertos del Parlamento Inglés redactó un dossier hace unos años en el que admitía que los intereses de la industria y la población no coinciden, y proponía “poner en marcha un régimen regulador eficaz que consiga que la industria farmacéutica no perjudique el bien común”.

La necesidad de que la sociedad disponga de una industria farmacéutica es tan innegable como la urgencia de reconducir el sector hacia los principios que lo fundaron. Simplemente, producir medicamentos útiles y beneficiosos para los pacientes. Pero la realidad es muy distinta. La consideración de que los medicamentos son meros bienes de consumo implica que su uso esté cada vez más determinado por la oferta que por la demanda y se aleje de satisfacer las necesidades reales de la población. Así, un sistema de salud manejado por sociedades utilitaristas, que priman el fin por encima de los medios, dista de ser saludable. La búsqueda de un nuevo marco ético que rija las actuaciones y las relaciones de la industria farmacéutica con la sociedad constituye un fin en sí mismo.
Referencias:

1. Laporte, R. 2005. Prólogo para el libro de Jorg Blech “Los inventores de enfermedades”. http://www.osalde.org/drupal-5.1/files/boletines/opiniones/OPiniones_11-05.pdf

2. Woloshin S. 2009. Bringing the FDA´s information to market. Arch Intern Med. 169:1985-1987 http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/extract/169/21/1985

3. Laporte, R. 2002. Las supuestas ventajas de Celecoxib y Rofecoxib: fraude científico. Butlletí Groc 15;4. http://www.icf.uab.es/informacion/boletines/bg/bg154.02e.pdf

4. Gérvas, J. 2004. Merk contra Laporte ó el derecho recíproco de réplica. Gac Med Bilbao 101: 71-72 http://www.gacetamedicabilbao.org/web/es/abstract.php?doi=040033jg

5. Horton, R. 2004. Vioxx, the implosion of Merck, and aftershocks at the FDA. Lancet 364:1995-6.http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(04)17523-5/fulltext

6. Wang, AT et al. 2010. Association between industry affiliation and position on cardiovascular risk with rosiglitazone: cross sectional systematic review. BMJ; 340:344 http://www.bmj.com/content/340/bmj.c1344.full

7. Pignarre, Philippe. El gran secreto de la industria farmacéutica. Barcelona: Gedisa, 2005. p.140 (citado en Forcades i Vila, T. 2006. Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas. Cuadernos CiJ. p.10)

Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/salud/%C2%BFy-quien-vigila-a-las-farmaceuticas.html

Menos equidad en salud: la amenaza del “co-repago”



Àngels Martínez i Castells
Revista Pueblos

En los embates de esta crisis económica cuyo alcance real todavía queda mucho por descubrir, los poderosos, aliados con algunas autoridades responsables de políticas concretas (entre ellas las de salud), están superando todas las formas al uso para utilizar la crisis en su provecho, cargando los costes del ajuste sobre las personas con menores recursos, más desprotegidas, con menor poder de negociación…

Por ejemplo, aunque de hecho se trata de un impuesto o tasa sobre la enfermedad, el intento de introducir nuevas aportaciones de las personas enfermas para financiar el servicio público de salud se ha ido recrudeciendo en la misma medida que se afianzaban las propuestas neoliberales para hacer frente (o beneficiarse) de la crisis económica, poniendo al descubierto que los servicios públicos, y en concreto la sanidad y la enseñanza, se han constituido en un auténtico botín que va más allá de los cruentos ataques por una redistribución regresiva de la renta.

La ya cansina discusión sobre el copago [1] encubre de hecho una privatización de los servicios públicos de sanidad y un "adelgazamiento" de la responsabilidad pública en un tema clave para la equidad y la disminución de desigualdades. Tiene lugar, además, cuando desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se está hablando de todo lo contrario, de "incluir la salud en todas las políticas" dándole un papel de primer orden en la agenda de lo público. En la propia OMS se encuentra abundante bibliografía que denuncia la amenaza que para la equidad suponen medidas de ese tipo. Los "ahorros" sociales que puede suponer el hecho de que realmente desincentive algunas visitas no del todo necesarias no compensan en manera alguna el riesgo personal y social en que se incurre por la barrera clasista y económica que el copago representa (Camprubí, 2010) [2]. La documentación contrastada y la evidencia científica demuestran que, en sus distintas fórmulas, el copago reduce siempre, sin discriminar, tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, afectando a la salud en general y a la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

En este sentido, la OMS debería recuperar su independencia, imponiendo sus criterios en todos los temas relacionados con la salud a las demás organizaciones internacionales que aplastan a la inmensa mayoría de la población bajo el dictado de las patentes y el supuesto "librecomercio" (OMC) o las finanzas (Fondo Monetario Internacional, FMI).

Justificaciones que sonrojan

En España, además, esta discusión aparece día sí y otro también en los medios de comunicación, siempre desde una supuesta "imparcialidad" que acaba por propugnar de forma injustificada la necesidad del "copago". Durante los último meses, para mayor sonrojo, este tema aparece acompañado del decreto de congelación de pensiones, disminución de salarios y plantillas del funcionariado.

Toda una amplia ofensiva, que en la Unión Europea abarca diferentes frentes y modalidades, y con los que se pretende acabar con los últimos vestigios de un pacto social europeo surgido de la II Guerra Mundial en una correlación de fuerzas que se olvida demasiado a menudo y que se suplanta por un "modo de vida americano" (que no es otra cosa que el "modo de explotación" americano, con derechos sólo para los ricos, y salud para quien se la puede pagar). No debe olvidarse que la crisis se usa también, de manera oportunista, no sólo para incrementar en mayor grado la regresiva redistribución de la renta entre los factores de producción (trabajo y capital), sino para debilitar también las resistencias sindicales y las defensas de las organizaciones sociales.

En ese sentido, todo ataque al sistema público de salud, y la propuesta del copago en particular, es especialmente lesiva para mujeres y las personas inmigrantes. Por un lado, supone confiar los "flecos" del ajuste en lo cotidiano a la aparentemente infinita capacidad de asumir trabajos y tensiones de las mujeres (lo cual se está demostrando que ya está llegando a un límite) y, por otro, porque, tal como se plantea por parte de los sectores más reaccionarios de la población, la disputa social por unos servicios públicos que se hacen más escasos por la crisis despierta y da aliento a una xenofobia que puede causar graves problemas de convivencia, en especial en las comunidades con menores recursos.

Pero no acaba aquí el campo donde el copago vierte su cizaña y pretende crear enemigos inexistentes: también las personas jubiladas y las que padecen enfermedades crónicas son objetivo de las falsas críticas y "rencores" entre personas usuarias, ayudando a escudar y eludir responsabilidades a la todopoderosa industria farmacéutica y a la administración pública, que no se atreve a hacerle frente.

El copago supone, por tanto, todo un despliegue de prepotencia con las personas más débiles bajo el supuesto amparo de argumentos "técnicos", y con la involuntaria complicidad de una parte de las personas usuarias del sistema que sufren las amenazas de insostenibilidad, listas de espera abusivas… También influye la postura de parte del personal médico, absolutamente desbordado de trabajo, que se apunta a esa falsa solución como "mal menor", cuando su carga excesiva de trabajo se debe a la falta crónica de profesionales y es responsabilidad de la Administración, no de los pacientes.

Asumir derechos

La única manera de resolver con equidad el mayor gasto sanitario consiste en asumir (por derecho humano y de ciudadanía) que todas las personas que residen en un país deben tener pleno derecho a la atención sanitaria, al margen de su legalización formal. Para ello, el Ministerio de Sanidad y las autoridades autonómicas correspondientes deben disponer en los Presupuestos partidas suficientes mediante un sistema fiscal realmente redistributivo. España está todavía muy por debajo del gasto sanitario medio de los países de la UE y es absurdo hablar de copagos (que de hecho significan "repagos") cuando desde los Presupuestos queda mucho trecho todavía para alcanzar la media europea. Todo ello, sin hablar de la racionalización del gasto, contención de las transferencias al sector privado, etc.)

Por el lado del gasto, la experiencia nos demuestra que las privatizaciones en la salud, los conciertos con el sector privado, la entrega al sector farmacéutico, la no existencia o deficiencias en investigación y formación desde el sector público, encarecen de manera desmesurada e incontrolada el gasto sanitario, al tiempo que son responsables de una peor atención sanitaria que llega, en muchos casos, a suponer graves riesgos para la salud de las personas atendidas. En atenciones a la salud toda intervención necesaria que se demore o se haga de forma incorrecta acabará pasando factura, irremisible y a veces irreversiblemente, tanto en términos de salud como económicos y sociales.
Àngels Martínez i Castells es doctora en Ciencias Económicas. Ha publicado textos sobre economía, feminismo y democracia, y durante 30 años ha sido profesora de Política Económica de la Universidad de Barcelona. Es también portavoz de Dempeus per la Salut Pública (http://dempeus.nireblog.com).

Este artículo ha sido publicado en el nº 44 de la Revista Pueblos, septiembre de 2010.

Notas:

[1] El copago es una medida que representa un nuevo impuesto o tasa, con el pretexto de contribuir a reducir el déficit de la sanidad y “moderar su demanda”. Se barajan distintas modalidades posibles: visita al médico de cabecera, atención en urgencias, un incremento de lo que ya constituye copago por medicamentos... Ver: angelsmcastells.nireblog.com

[2] Camprubí, LL: "Privatización, copago y equidad". Universitat Pompeu Fabra, 2010.

Más información:

Campaña estatal de recogida de firmas y movilizaciones contra el copago: www.casmadrid.org